El principio precautorio establece que, cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces destinadas a prevenirlo.
Incorporado al ordenamiento jurídico argentino mediante la Ley General del Ambiente N.° 25.675, este principio se aplica cuando subsisten incertidumbres científicas, pero existen indicios razonables de posibles riesgos para la salud o el ambiente.
En materia de radiaciones no ionizantes, diversos organismos científicos e instituciones internacionales han reconocido importantes áreas de incertidumbre, particularmente en relación con los efectos de la exposición prolongada y las nuevas tecnologías inalámbricas. Sin embargo, ese reconocimiento no siempre ha sido acompañado por la adopción de medidas precautorias acordes con el nivel de protección que el propio principio exige.
La aplicación del principio precautorio no implica prohibir tecnologías ni desconocer sus beneficios. Implica gestionar responsablemente la incertidumbre, promover la investigación independiente, reducir las exposiciones evitables y garantizar el acceso a información clara y transparente para la población.
Muchos países, entre ellos Francia, Bélgica, Suiza, Italia y Rusia, han incorporado criterios inspirados en el principio precautorio a sus políticas públicas y legislaciones sobre radiaciones no ionizantes, ya sea mediante límites de exposición más restrictivos, medidas específicas de protección para grupos vulnerables o estrategias orientadas a reducir las exposiciones evitables. Del mismo modo, diversos municipios argentinos han adoptado regulaciones locales basadas en criterios de precaución frente a la incertidumbre científica existente.
Contribuir a la difusión de información basada en evidencia, impulsar la aplicación de este principio, y promover el debate interdisciplinario sobre los riesgos asociados a las radiaciones no ionizantes constituyen algunos de los objetivos fundamentales de CIPRACEM.